Trump inicia el proceso para desmantelar el departamento de Educación

El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva con la que manda a la secretaria de Educación, la empresaria de la lucha libre Linda McMahon, “tomar todas las medidas necesarias” para desmantelar el departamento para el que trabaja. Sin embargo, su cierre completo solo puede ser autorizado por el Congreso, que es quien lo creó, algo que ha parecido reconocer en su anuncio, aunque ha dejado la puerta abierta a hacerlo unilateralmente.

“Espero que no te quedes allí mucho tiempo”, ha dicho el presidente a McMahon: “Vamos a encontrare otro trabajo”. Su objetivo será “devolver la autoridad de la educación a los estados”, aunque en la actualidad ya es su competencia casi en su totalidad, pues proporcionan el 90% de la financiación y establecen la mayoría de las normas. En paralelo, también pretende dar a los padres un mayor poder de decisión sobre la enseñanza de sus hijos.

“Cuando el presidente (Jimmy) Carter creó el Departamento de Educación en 1979, se enfrentó a la oposición de miembros de su propio gabinete”, ha señalado Trump en su anticipado acto desde la sala Este de la Casa Blanca, en un escenario con las banderas de los 50 Estados, junto a niños y jóvenes sentados en sus pupitres, algunos de ellos uniformados. “Después de 45 años, Estados Unidos gasta, con diferencia, más dinero en educación que cualquier otro país, pero ocupamos uno de los últimos puestos de la lista en términos de éxito”, ha añadido, justificando la medida.

Trump pide a los demócratas que aprueben la ley, en un reconocimiento implícito de que necesitará al Congreso

Con su orden ejecutiva, inicia el proceso para devolver a los estados todas las competencias de educación, pero también para eliminar becas, subvenciones, préstamos y otros programas de ayuda a estudiantes con bajos ingresos o discapacidad. El republicano considera que el departamento ha fracasado en su misión de mejorar los resultados de los estudiantes y se ha convertido en un arma “woke” en la guerra cultural que divide al país.

Durante la campaña electoral, y en repetidas ocasiones desde que fue elegido presidente, prometió cerrar el departamento de Educación. Sin embargo, el radical plan invade la autoridad del poder legislativo, por lo que de momento tan solo ordena a McMahon “tomar las medidas necesarias” para su objetivo. Mientras tanto, seguirá reduciéndolo hasta la mínima expresión a base de despidos y recortes como los que lleva realizando desde que regresó al poder.

Para cerrarlo de forma legal, Trump necesitará la aprobación del Congreso, con mayoría simple en la Cámara de Representantes y cualificada en el Senado, con los 60 votos necesarios para evitar el filibusterismo. En la actualidad, los republicanos controlan ambas cámaras, pero tan solo tienen 53 senadores, por lo que necesitarían el apoyo de siete demócratas a esta controvertida medida, que además es impopular entre los representantes republicanos de zonas rurales, más dependientes de los fondos federales.

“Suena extraño, ¿no?, eliminar el Departamento de Educación... Todo el mundo sabe que es lo correcto; los demócratas saben que lo es y espero que voten a favor, porque en última instancia puede que se les presente”, ha dicho Trump, reconociendo que necesita la autoridad del Congreso, pero sugiriendo la posibilidad saltarse al legislativo si no la aprueba. Poco después de firmar la orden, el senador Bill Cassidy, de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, ha anunciado que presentará la medida: “Estoy de acuerdo con el presidente Trump en que el Departamento de Educación ha fracasado en su misión”, ha dicho, “apoyaré su objetivo presentando una legislación para lograrlo lo antes posible”.

La plantilla del departamento de Educación se ha reducido a la mitad desde que Trump llegó al poder

McMahon puede explorar otras vías que no impliquen directamente la clausura del departamento, pero sí lo adelgacen hasta ser casi inexistente. Por ejemplo, podría tratar de trasladar algunas de sus funciones esenciales a otros órganos del gobierno, aunque esta opción enfrentaría también obstáculos legales, pues sus principales programas están asignados por ley al departamento de Educación, por lo que también dependen del legislativo.

De este modo, la opción más viable que tiene es aplicar a su departamento los recortes masivos de plantilla y programas federales que ya ha iniciado la Administración en todo el gobierno, bajo la recomendación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk. Es algo que la secretaria ya planteó cuando anunció que se iba a producir una “reducción de personal muy significativa” en el corto plazo.

La plantilla del departamento de Educación ya es la más reducida de todos los órganos del gabinete. Cuando su predecesor, Joe Biden, abandonó el poder, había unas 4.100 personas contratadas, pero los recientes despidos ordenados por el DOGE han reducido la cifra casi a la mitad. Su presupuesto anual es de unos 79.000 millones de dólares, aunque la cifra es mayor si se suman los préstamos y becas asignados por el Congreso, que no se incluyen en el presupuesto anual.

Entre otras provisiones, la Casa Blanca podría tratar de eliminar las del Título I, valoradas en 18.400 millones de dólares, destinados a financiar a escuelas con estudiantes de muy bajos ingresos con programas de comedores o material escolar. También podría reducir las ayudas de 15.500 millones de dólares anuales para estudiantes con discapacidades, un colectivo que ha sido puesto en el punto de mira de Trump en otras de sus políticas contra la diversidad, equidad e inclusión (DEI).

El presidente ve en el departamento un arma de los demócratas en su guerra cultural

Además, el departamento supervisa el programa federal de préstamos estudiantiles, valorado en 1,6 billones de dólares, y establece las normas que deben cumplir las universidades para participar. También gestiona el programa de becas Pell, una subvención para estudiantes con necesidades económicas excepcionales de bajos ingresos. Entre otras funciones, realiza las pruebas anuales de rendimiento (National Report Card) y recopila los datos de matriculación, delincuencia en las escuelas, personal y otras estadísticas.

También se encarga de hacer cumplir las leyes de derechos civiles que prohíben la discriminación en las escuelas financiadas con fondos federales por motivo de raza y sexo. Una autoridad que Biden amplió contra la discriminación por motivos de identidad de género, y que Trump está usando en la dirección opuesta: para amenazar con recortar fondos a las escuelas que permiten a las mujeres trans competir en equipos deportivos femeninos.

Entre el público en la sala Este de la Casa Blanca, había varios gobernadores republicanos, como el de Texas, Greg Abbot, o el de Florida, Ron DeSantis, que en su estado prohibió enseñar teoría crítica de la raza y contenidos relacionados con la educación de género y sexual, así como tratar con pronombres femeninos a las mujeres trans, entre otras medidas.

Si, a pesar de no tener competencias, McMahon elimina el departamento, la Casa Blanca podría enfrentar desafíos legales, lo que profundizaría en su actual batalla contra la justicia. Esta se intensificó el sábado pasado, cuando ignoró la orden de un juez federal para que retornara a EE.UU. dos aviones de deportación con inmigrantes que ya están presos en El Salvador.

cortesía: La Vanguardia