La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- otorgó medidas cautelares a favor de la activista Andreína Baduel, defensora de derechos humanos en Venezuela, por considerar que se encuentra en situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable.
La decisión la emitió el órgano principal y autónomo de la OEA el 12 de junio a través de la Resolución 44/2025.
Andreína Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa fallecido bajo custodia del Estado en 2021, dirige el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos y ha sufrido un patrón sistemático de hostigamiento y amenazas por funcionarios de seguridad, documentó la CIDH.
Persecución familiar y vigilancia constante
La comisión reconoció que la familia Baduel ha enfrentado detenciones y persecuciones desde hace más de una década. Tres de los hermanos de Andreína, además de su esposo, han estado o permanecen encarcelados. Incluso ella misma sufre seguimientos, amenazas verbales, vigilancia domiciliaria, hostigamiento en redes sociales y persecución en vía pública por su labor de denuncia.
Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió el 13 de abril, cuando dos camionetas y una motocicleta no identificadas persiguieron a la activista luego de participar en una vigilia frente al centro penitenciario El Rodeo I, donde está recluido su hermano Josnars Adolfo Baduel.
La CIDH subrayó que agentes del Estado han fotografiado y grabado su domicilio, monitoreado con drones sus actividades públicas y limitado su movilidad, lo que ha generado un ambiente de intimidación permanente.
El caso de Andreína Baduel sin respuesta del Estado venezolano
Pese a que lo notificaron, el Estado venezolano no respondió a la solicitud de información de la CIDH en el plazo previsto. Ante ello, la comisión concluyó que no existen garantías ni acciones por parte del régimen de Nicolás Maduro que permitan mitigar la situación de riesgo.
La CIDH también solicitó formalmente a Venezuela que adopte medidas inmediatas para proteger la vida e integridad personal de Andreína Baduel, garantizar que pueda ejercer su labor sin represalias, concertar con ella las acciones necesarias e investigar los hechos denunciados para evitar que se repetan.
El caso se suma al de otras personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, especialmente familiares de presos políticos.
La CIDH identificó un patrón de criminalización, estigmatización y represión estatal, que se ha intensificado tras el ciclo electoral y afecta gravemente a quienes promueven denuncias públicas sobre violaciones de derechos humanos.
cortesía: El Nacional
