Familiares de presos políticos solicitan reactivar visitas a sus seres queridos

Familiares de presos políticos se acercaron a la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para solicitar la reactivación de las visitas, paralizadas desde hace un par de semanas.

Andreína De Grazia, hija del opositor Américo de Grazia, arrestado el 7 de agosto, expresó que no ha podido tener contacto con su padre desde entonces, lo cual la mantiene en desconocimiento sobre su estado de salud.

«Estamos demandando que nos concedan al menos el derecho de visitarlo para verificar su estado de salud y poder comunicarnos directamente con él», declaró De Grazia.

Su padre es acusado de la supuesta comisión de delitos de «instigación al odio e incitación a la rebelión».

En «la misma condición» se encuentran los opositores Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Roland Carreño, Alfredo Díaz y «muchos más», añadió la hija del opositor detenido.

«Estamos aquí alzando la voz para que se haga justicia y la libertad inmediata, porque ellos son inocentes», agregó De Grazia, que entregó, junto a los parientes de otros detenidos, un documento en la sede de la Defensoría en Caracas.

A los presos políticos les niegan sus derechos

Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, aseguró que el opositor permanece detenido desde hace 138 días y que se le ha «negado todo derecho fundamental que debería tener cualquier persona».

Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel -quien murió en 2021 en la cárcel, tras 12 años detenido-, denunció un «patrón de aislamiento e incomunicación» al que son «sometidos» los «presos políticos», reseñó Efe.

Baduel manifestó que desde hace 16 días no tiene «ningún tipo de información» sobre su hermano Josnars Adolfo Baduel, recluido en la cárcel Rodeo I en el estado Miranda, lugar que ella califica de «un centro de torturas».

«Exijo el cese de los tratos crueles a los presos políticos y a sus familias», expresó Baduel.

Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, detenido el 30 de julio, pidió que se garanticen los derechos fundamentales de los «presos políticos».

«No sé si es que mi esposo está siendo torturado físicamente y por eso es no me dejan verlo», dijo Silva.

Reiteró que Superlano «no ha cometido ningún delito», como tampoco «todos los que se encuentran en El Helicoide», la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Tras las presidenciales del 28 de julio, se desató una crisis en el país a raíz de la proclamación por el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por rectores afines al chavismo- de Nicolás Maduro como ganador, lo que fue denunciado como «fraude» por la mayor coalición opositora, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, cifra en 1.196 los arrestados por motivos de conciencia, la mayoría detenidos en el período poselectoral.

Sin embargo, la administración de Maduro y la Fiscalía niegan que haya personas arrestadas por motivos políticos, sino detenidos por cometer diversos delitos, lo que rechazan ONG y partidos opositores.

cortesía: El Nacional