Acceso a la Justicia alerta que para los comicios municipales se agravan prácticas contrarias a la ley

La ONG Acceso a la Justicia alertó este jueves sobre el agravamiento de prácticas irregulares de cara a las elecciones municipales del próximo 27 de julio, las cuales, según denuncian, "contravienen principios básicos del ordenamiento jurídico electoral" del país.

En un comunicado oficial, la organización señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por rectores cercanos al chavismo, "vuelve a reeditar" esquemas ya aplicados en los comicios del 25 de mayo, marcados por "falta de transparencia y restricciones".

Entre las irregularidades que señala la ONG, se encuentran: información insuficiente sobre los candidatos, reducción de los tiempos de campaña, cierre abrupto del registro electoral y la exclusión de figuras opositoras mediante inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República (CGR) y confirmadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Así, los nuevos comicios se anuncian sin información suficiente y clara sobre los candidatos, se reducen notablemente los tiempos de campaña, el registro electoral se cierra sin previo aviso y se excluyen líderes opositores, entre otros, mediante inhabilitaciones de la CGR (Contraloría General de la República), ratificadas por el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia)", denunció la ONG.

Para Acceso a la Justicia, todo esto limita "gravemente" el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, lo que "afecta su confianza en el sistema electoral" y puede disminuir la participación ciudadana.

Además, la organización criticó que el CNE adelantara los comicios sin justificación institucional, ya que los funcionarios actuales tienen mandato hasta noviembre de 2025.

"La convocatoria fue realizada con solo 53 días de antelación, en abierta violación al artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que exige al menos seis meses de preparación", agregó.

Otro punto señalado fue que, el mismo día del anuncio del proceso electoral —el pasado 4 de junio—, el registro electoral fue cerrado, lo que impidió que nuevos votantes o ciudadanos que regresaron al país pudieran inscribirse o actualizar sus datos.

"Esta decisión restringe el derecho al sufragio, en especial de jóvenes y migrantes retornados, y mina la confianza en la equidad del proceso", afirmó la ONG.

Asimismo, acusó al CNE de difundir el cronograma electoral de "forma irregular" mediante redes sociales y canales no oficiales, y de establecer una campaña electoral de solo 14 días, lo cual consideran insuficiente para que los candidatos se den a conocer o para garantizar el acceso a información por parte de los votantes.

También fue denunciada la inhabilitación de alcaldes opositores en los estados Trujillo, Nueva Esparta y Táchira, quienes "estarían impedidos de aspirar a la reelección".

Ese mismo día, el partido opositor Movimiento Por Venezuela (MPV) informó que no podrá participar en estas elecciones tras alegar que se le "impidió" registrar candidaturas, tal como, aseguran, ocurrió en las elecciones de mayo.

El secretario general del MPV, Simón Calzadilla, lamentó la situación y señaló que con esta medida el Gobierno "perdió la oportunidad" de utilizar estos comicios para crear "escenarios" que facilitaran una "salida inteligente, negociada y pacífica" a la crisis del país.

cortesía: El Nacional